El Tribunal Supremo avala cortar la luz y el agua a los ocupas. Análisis de la STS 426/2026, de 24 de junio.

El Tribunal Supremo fija doctrina en la STS 426/2026 y distingue entre la ocupación ilegal sin título y los supuestos en los que existe un derecho legítimo o discutido sobre la vivienda. La sentencia establece que, con carácter general, el propietario no está obligado a mantener ni pagar los suministros de un inmueble ocupado ilegalmente, aunque el corte puede constituir un delito de coacciones cuando se utiliza para forzar la salida de un cónyuge, inquilino u otro poseedor legítimo.

La Audiencia Provincial de A Coruña obliga a BBVA a devolver gastos hipotecarios: 357 € más 192 € de intereses

La Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de BBVA y confirma la devolución de los gastos hipotecarios a un cliente de Oulego Abogados y Consultores. El banco deberá abonar 357 € más 192 € de intereses (un 53,8 % adicional), consolidando la doctrina favorable a los consumidores que reclaman gastos hipotecarios.

La STS 784/2026 y la comisión de subrogación: el Tribunal Supremo refuerza el control de transparencia

La STS 784/2026 marca un nuevo paso en la jurisprudencia sobre contratación bancaria al extender el control de transparencia a la comisión de subrogación hipotecaria. El Tribunal Supremo confirma que no basta con que la comisión esté prevista en el contrato: la entidad financiera debe acreditar que el consumidor recibió información precontractual suficiente para comprender su función, alcance e impacto económico antes de contratar.

Caso mascarillas: análisis jurídico de la sentencia del Tribunal Supremo. Corrupción pública, organización criminal y colaboración eficaz

Análisis exhaustivo de la STS 418/2026 del Tribunal Supremo sobre el conocido caso mascarillas. Estudiamos la aplicación del delito de organización criminal a una trama de corrupción pública, la condena por cohecho, tráfico de influencias y malversación, el valor probatorio de la declaración de Víctor de Aldama y la doctrina sobre colaboración eficaz desarrollada por la Sala Segunda. Una sentencia llamada a convertirse en referencia obligada en Derecho Penal Económico y lucha contra la corrupción institucional.

Comisión de apertura hipotecaria: el Tribunal Supremo aclara cuándo es válida y cuándo puede reclamarse

Análisis de la STS 790/2026, de 25 de mayo: una sentencia clave para consumidores que quieren reclamar la comisión de apertura de su hipoteca. Durante años, muchos consumidores han escuchado que podían recuperar la comisión de apertura pagada al firmar su hipoteca. Sin embargo, la realidad jurídica es más compleja. La reciente Sentencia del Tribunal…

El Tribunal Supremo anula la cláusula IRPH en subrogaciones de préstamo promotor sin información suficiente

El Tribunal Supremo declara no incorporada la cláusula IRPH en una hipoteca por subrogación en préstamo promotor. Analizamos la Sentencia 161/2026 y sus efectos para consumidores. El Supremo refuerza el control judicial sobre hipotecas con IRPH La Sentencia del Tribunal Supremo nº 161/2026, de 4 de febrero, supone una resolución de enorme relevancia en materia…

Análisis de la STS 1674/2025: La indemnización por despido improcedente como crédito contra la masa cuando la opción se ejerce tras la declaración de concurso

El Tribunal Supremo declara que la indemnización por despido improcedente debe calificarse como crédito contra la masa cuando la opción por la extinción indemnizada se ejerce tras la declaración de concurso, aunque el despido sea anterior. La STS 1674/2025 refuerza el criterio del momento de la decisión concursal como determinante del nacimiento del crédito y pone de relieve la tensión entre la lógica laboral y la concursal en la calificación de créditos laborales.

CAMBIO JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LAS COSTAS EN APELACIÓN EN LITIGIOS DE CONSUMO

El Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia sobre la imposición de costas en los recursos de apelación en procesos con consumidores, declarando que, cuando el recurso del consumidor resulta total o parcialmente estimado, las costas de la segunda instancia deben imponerse al profesional predisponente para garantizar el principio de efectividad del Derecho de la Unión.